En plena ofensiva de Sánchez contra las instituciones, sus socios han empezado a incluir a la Policía. Y es que era cuestión de tiempo que el vídeo de una concreta actuación policial en Lavapiés en medio de una detención de dos sospechosos acabara en una generalización y exigencia por parte de la izquierda de nuevas limitaciones en la capacidad de actuación de los policías con lo que estas formaciones políticas denominan como “personas racializadas”.
El responsable ha sido Podemos. Y ya ha exigido una nueva reducción de la capacidad operativa de la policía. Hay que recordar que ese era uno de los objetivos de la Ley de Seguridad Ciudadana, que el Gobierno de Pedro Sánchez no pudo sacar adelante en la pasada legislatura y, ahora, sus socios y le reclaman ya que recupere.
Las exigencias concretas trasladadas por la formación de Ione Belarra al Gobierno de Pedro Sánchez incluyen una investigación —que ya estaba abierta— y “explicaciones, tras la correspondiente investigación interna, por los sucesos de violencia policial conocidos el pasado viernes 29 de marzo en el barrio de Lavapiés, en Madrid”; “depurar todas las responsabilidades, disciplinarias o de cualquier tipo, que se deriven de estos hechos”; y, sobre todo, “dictar todas las instrucciones y normas pertinentes para garantizar que no se realicen identificaciones vinculadas al perfil racial de los ciudadanos y ciudadanas”.
Lo cierto es que la detención que menciona Podemos ni siquiera se llevó a cabo por perfiles raciales, sino por llamadas de ciudadanos que aseguraron haber visto a los sospechosos en operaciones aparentemente delictivas.
Pero Podemos quiere pasar a la eliminación de la capacidad de actuación de los policías en colectivos inmigrantes. Podemos describe la detención como un ejemplo del “ensañamiento, el odio, la ira que refleja el racismo institucional y la criminalización de las personas racializadas”. Y añade que “esta violencia policial es un ejemplo más de cómo actúan los Cuerpos de Seguridad del Estado contra personas racializadas. Una violencia injustificada a la que por desgracia están acostumbrados los vecinos y vecinas de Lavapiés y que no tiene cabida en democracia”, añade.
No es la primera vez que la izquierda exige reducir la capacidad de actuación e incluso de defensa de los propios agentes. De hecho, no parece tampoco que vaya a ser la última porque los socios de Sánchez han exigido ya la aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que limitará, precisamente, esa capacidad de actuación.
Y no sólo en materia de cacheos o perfiles “racializados”. Hay que recordar que esa norma pretendía, entre otras cosas, modificar el artículo que regula la responsabilidad final por los ataques callejeros para dejar sin culpa a quienes alimentan las movilizaciones ejerciendo “actos semejantes”. El cambio quería dejar sin responsabilidad a formaciones que alientan desde sus redes sociales o con actos oficiales actuaciones que acaban en violencia.
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