Los efectos de la crisis energética y de precios, agravados por la invasión rusa de Ucrania, obligaron al Gobierno a desplegar todo un conjunto de medidas para suavizar los efectos de ambos choques tuvieron en las rentas de familias y empresas ante el fuerte encarecimiento que generaron en diversos bienes y servicios. Ese conjunto de políticas, conocidas como ‘escudo social’, tendrá un coste presupuestario de entre 48.300 y 57.100 millones de euros entre los años 2021 y 2025, de acuerdo con los cálculos que el Banco de España incluye en su último Informe Anual.
Estas cifras, que la entidad ha elaborado a partir de información facilitada por el Gobierno, la Intervención General de la Administración del Estado, la Agencia Tributaria, el Instituto de Estudios Fiscales, la Encuesta de Presupuestos Familiares y la Encuesta Financiera de las Familias, representa una horquilla que va del 3,5 % al 4,1% del PIB, lo que da idea de la potencia del paquete desplegado.
En las estimaciones que hace el organismo las medidas que supondrán una mayor merma de los ingresos al cierre del programa serán las que afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Medidas, como la reducción de las rentas del trabajo, la rebaja aplicada a los autónomos, las reducciones anunciadas por los ejecutivos autonómicos, así como el incremento en la deducción por rendimientos del trabajo con efectos desde 2024. Todas ellas habrán restado entre 13.500 y 12.400 millones de euros a la recaudación del citado periodo.
En segundo lugar el BdE sitúa la reducción temporal del tipo de IVA aplicado a la electricidad, que habría detraído a las arcas públicas entre 6.000 y 7.000 euros. En julio de 2021 el Gobierno rebajó el tipo aplicado a la factura de la luz del 21 al 10% y en el mes de junio del siguiente ejercicio lo redujo de nuevo para situarlo en el 5%. En ese nivel se mantuvo hasta el pasado mes de marzo, cuando el IVA de la luz regresó al 21%. Su impacto fue evidente en el dato de inflación de ese mes, si bien ese efecto escalón ya estaba previsto por los organismos y analistas.
Lo mismo sucede con el impuesto especial sobre la electricidad (IEE), que pasó del 0,5% al 2,5% durante el primer trimestre del año y volvió a incrementarse al 3,8% en abril, para recuperar el tipo habitual del 5,1% a partir de julio. Esta medida supondrá un agujero de entre 4.000 y 5.000 millones en lo recabado por este impuesto y a ella se sumarán entre 550 y 650 millones más por la reducción del IVA que también se ha aplicado en el recibo del gas.
Recientemente la ministra de Hacienda reconoció que, al menos de momento, el Gobierno no descarta prorrogar la rebaja del IVA de los alimentos más allá del mes de junio, cuando esta expiraría en principio. Lo decidirá en el último momento, en función de cómo se comporten los productos básicos de la cesta de la compra. El mes de marzo, último para el que existen datos desagregados, los alimentos y bebidas no alcohólicas se encarecieron de media un 4,3%, en lo que supuso su menor incremento en más de dos años. Esta rebaja habrá restado entre 2.900 y 3.400 millones a los ingresos del Estado, siempre que no se amplíe al segundo semestre.
Un aumento del gasto de hasta 27.550 millones
Si por el lado de los ingresos el paquete anticrisis ha restado entre 25.850 y 29.550 millones de euros a una recaudación que ha venido marcando récord a lo largo de los últimos ejercicios gracias al dinamismo de la actividad y a la resiliencia del empleo, en el lado de los gastos ha supuesto un esfuerzo ‘extra’ de entre 22.450 y 27.550 millones, según los cálculos del organismo liderado por Pablo Hernández de Cos.
La medida más cuantiosa ha sido la bonificación al carburante para los hogares y los profesionales del transporte, que ha supuesto un desembolso extra de entre 6.500 y 7.500 millones de euros. Le siguen las subvenciones al sector eléctrico y gasista destinadas a rebajar factura, con un coste de 6.000 a 7.000 millones; así como la subvención al transporte público -incluido el Interrail- que ha elevado la factura del ‘escudo social’ entre 4.000 y 5.000 millones.
El futuro de los gravámenes a la banca y a las energéticas
Para financiar una parte de estas políticas el Ejecutivo aprobó los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas, que ahora pretende convertir en permanentes en virtud del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar. Para ello ha contemplado diversos cambios en ambas figuras que vendrían a aminorar algo el coste que tendrán que asumir a futuro las empresas.
En el caso de las entidades financieras, el objetivo es pactar con los grupos parlamentarios una serie de modificaciones en el tributo que, según avanzó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, podrían pasar por “ajustarlo” a elementos fundamentales de política económica como la evolución de los tipos de interés o el crédito que las propias entidades concedan a las pymes.
El Gobierno también busca encaje legal para las rebajas que estudia aplicar en la cuota íntegra del gravamen a las energéticas por las inversiones que estas compañías hagan en proyectos estratégicos. En un principio, estas deducciones iban a introducirse en los Presupuestos Generales del Estado de 2024 a los que el Gobierno renunció tras el adelanto electoral en Cataluña.
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