El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por nueve votos a cinco otro informe demoledor sobre la proposición de ley de la amnistía. No se trata de un documento más de entre los muchos publicados en contra de la amnistía, sino de un texto de notorio calado jurídico que señala las múltiples carencias, errores, contradicciones y ataques a la Constitución de una norma cuyo propósito no es la reconciliación social en Cataluña, sino el obsceno pago del PSOE a los partidos golpistas por la investidura de Pedro Sánchez.
La ley nació mal y ha evolucionado a peor tras cada corrección impuesta por los separatistas en una desquiciada carrera para alumbrar una norma pésima desde todos los puntos de vista, desde la técnica jurídica a la intención política. No hay pretensión pacificadora en el origen de la norma, sino el mercadeo de votos, la compra del poder a unos delincuentes a cambio de perdonarles todos sus delitos, ya sean de terrorismo, contra la Constitución o económicos. Es decir, no hay mayor caso de corrupción que la ley de amnistía, desde el comienzo hasta el final, una corrupción sin paliativos, descarnada y perpetrada con un atrevimiento y una alevosía sólo al alcance de los más corruptos.
La ley de amnistía es sin duda el mayor caso de corrupción de un Gobierno lastrado por asuntos tan escandalosos como los que rodean a la propia esposa del presidente o los que emanan del que fuera su mano derecha, José Luis Ábalos, y que contaminan al gabinete entero, por citar sólo los más recientes.
La amnistía no es constitucional y prueba de ello es la inaudita insistencia sobre el particular en el preámbulo de la norma. Ni se ajusta al Código Penal español ni a las normas europeas. El redactado es una chapuza en la que son visibles los parches y borrones. La tramitación urgente es otra evidencia del contenido profundamente contrario a derecho de una norma que llega al extremo de incluir delitos de terrorismo. Atenta contra el Estado de derecho, la separación de poderes y la igualdad entre los españoles y encima pretende que recursos y cuestiones prejudiciales no impidan su aplicación inmediata.
La ley de amnistía es la monstruosidad jurídica y la aberración política resultante de las necesidades de dos personajes como Pedro Sánchez y el prófugo Carles Puigdemont y se nota. Confluyen en el texto todas las urgencias golpistas y su valor legal debería ser el mismo que el de las denominadas ‘leyes de desconexión’ que aprobó el parlamento regional de Cataluña en 2017. Pero a diferencia de aquellas, la de amnistía entrará en vigor aunque la Unión Europea exhiba el rechazo más absoluto. Será otra prueba del sesgo autoritario del sanchismo, del peso separatista en la gobernación general y del desprecio conjunto por la libertad, la igualdad y la democracia.
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