Carles Puigdemont mantiene su batalla contra el Tribunal Supremo por el procés mientras la ley de amnistía se estanca a su paso por el Senado. El expresidente catalán, procesado en rebeldía en esta causa por el referéndum ilegal y por la declaración unilateral de independencia, vuelve a la carga contra el magistrado Pablo Llarena para conseguir apartarlo de estas diligencias.
El líder de Junts y el también procesado Antonio Comín han recurrido el último rechazo de Llarena de dejar la gran instrucción por la causa del procés. El pasado 21 de marzo el magistrado de la Sala de lo Penal rechazó por séptima vez la recusación planteada por Puigdemont para que deje de instruir el procedimiento. El magistrado descartó de plano los planteamientos de ambos procesados al considerar que carecen de legitimación y que su solicitud es extemporánea.
Sin embargo, Puigdemont y Comín han recurrido este auto, según la nueva documental adherida a la causa a la que ha tenido acceso Vozpópuli. Los dos procesados forman parte del núcleo de líderes del procés que se verán beneficiados por la ley de amnistía. De hecho, Puigdemont será el gran favorecido con la futura ley cuya tramitación se atasca a su paso por el Senado.
Puigdemont, pendiente del TJUE
En sus recursos, que Llarena ya ha desestimado, alegan que el magistrado actúa con intereses políticos contra todos ellos y que no mantiene la debida imparcialidad requerida; argumentos que el magistrado ha desestimado en numerosas ocasiones. Puigdemont, a quien también investiga el Supremo por delito de terrorismo en Tsunami Democràtic, alega que se está vulnerando su derecho a una tutela judicial efectiva al negarse a tramitar la recusación planteada.
El líder independentista, a quien el Abogado General del TJUE acaba de respaldar en la batalla judicial por su derecho al escaño, no solo mantiene que el Tribunal Supremo no es el competente para enjuiciar los hechos del procés, sino que Llarena “es manifiestamente incompetente para decidir sobre la admisión a trámite de su propia recusación”.
En relación con la denuncia de Llarena acerca de que ha intentado apartarle hasta en siete ocasiones de la causa, Puigdemont responde que no se trata de “recusaciones abusivas”, sino que existen “innumerables elementos” que probarían la “manifiesta parcialidad” del magistrado. El político independentista apela en concreto a pronunciamientos del magistrado que, según sostiene, reflejan una actuación ideológica.
Del mismo modo cuestiona los numerosos reconocimientos que recientemente ha recibido el magistrado como fue el de la Asociación de Fiscales. Puigdemont mantiene que debería apartarse del procés porque los otorgantes de este último galardón criticaron “duramente” al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por “el silencio mantenido” ante sus exigencias en relación con la ley de la amnistía.
Los pronunciamientos de Llarena
Tanto el expresidente catalán como Comín apelan además a otros actos en los que ha participado el instructor del procés, quien el pasado mes de noviembre fue premiado por el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) que le reconoció su “su extraordinaria contribución al mundo de la Justicia y al Estado de derecho“.
Sobre ello Puigdemont dice que no se está cumpliendo la garantía legal del derecho a un juez imparcial y que
ha cursado y retirado órdenes europeas de detención “según entendía que era más conveniente a su estrategia política“. En la actualidad solo pesa sobre el político una orden de detención nacional ya que el magistrado retiró las internacionales y las europeas a la espera de que la Justicia Europea emita su último pronunciamiento sobre su inmunidad.
Igualmente, Puigdemont mantiene que su representación en este procedimiento “se encuentra perfectamente acreditada” de cara a poder actuar en el mismo y que la recusación planteada no es extemporánea. El magistrado expuso que el premio por el que se le recusa fue otorgado en un acto público el 11 de noviembre de 2023, por lo que la recusación del 28 de noviembre quedaría fuera de plazo, en tanto la ley establece que se dispone de un plazo de 10 días desde que se conocen los hechos por los que se pide que se aparte.
Parálisis de la amnistía
Al respecto, Llarena mantiene que el acto contó con cobertura mediática que informó de los hechos en el momento, por lo que no se sostiene que tuvo conocimiento días después. Gonzalo Boye, letrado de Puigdemont, refuta al instructor y dice que al producirse en un día inhábil el plazo comenzaba a contar desde el 14 de noviembre. “En consecuencia, la interposición de la recusación se interpuso dentro del plazo”.
Las actuaciones de Puigdemont en la causa en la que se le procesó por sedición confluyen en paralelo a la tramitación en la cámara alta de la amnistía. La ley está diseñada a su medida, de manera que su entrada en vigor entrañaría el fin de la causa del procés y de las diligencias abiertas en su contra por terrorismo también en el alto tribunal.
De hecho, estas últimas son las que han complicado especialmente el horizonte penal de Puigdemont dado que la amnistía de un delito tan grave como es el terrorismo puede contar con el rechazo del TJUE. La Justicia de la UE podría entender que esta medida de gracia es contraria al derecho comunitario y poner en apuros al líder de Junts, que ya busca su retorno a primera línea de política.
La imputación por terrorismo nació en la Audiencia Nacional, pero el magistrado instructor derivó la causa al Supremo al estar Puigdemont aforado por su condición de europarlamentario. La Sala de lo Penal, con el criterio contrario de la Fiscalía, acordó por unanimidad investigarle por terrorismo a tenor del rol de liderazgo con el nacimiento y actuación de Tsunami Democràtric. La instructora de la causa le ha ofrecido declarar de manera voluntaria por videoconferencia el próximo 17 de junio.
Una información de Vozpópuli