El proyecto político de Sánchez es irreversiblemente totalitario y rabiosamente incompatible con la Constitución Española y con el Estado de Derecho y la división de poderes según establece la Unión Europea. No hay margen para el debate, ni duda fundada sobre el fin político que se busca y los medios ilegales que se piensan emplear para alcanzarlo: un régimen de poder personal amparado por poderes exteriores enemigos de España –la ETA, el golpismo catalán, Marruecos– y tutelado por el Grupo de Puebla.
Ayuso es para Sánchez como María Corina Machado para Maduro
La Ley de Amnistía es un engendro jurídico redactado por los mismos delincuentes a los que favorece. La persecución de Ayuso por Sánchez recuerda a la de María Corina Machado y sus colaboradores por Maduro: se trata de destruir personal y políticamente a un enemigo político cuya popularidad lo arrasaría en las urnas. La Ley de Amnistía indulta la compra del poder por Sánchez. El linchamiento de Ayuso intenta acabar con una líder del PP que lo ha derrotado siempre y que le obsesiona. La amnistía de Sánchez a sus socios delincuentes prueba su determinación y también su debilidad. El quinto intento de acabar con Ayuso mediante la calumnia a sus familiares o allegados más cercanos –el padre, la madre, el exmarido, el hermano y, ahora, el novio– es el modelo de persecución a la oposición típicamente bolivariano, cuyo sicariato encabeza una Fiscalía corrupta dispuesta a pasar por encima de las leyes para lograr su objetivo.
No es casualidad que estos dos planes de demolición, el institucional y el político, hayan coincidido en la misma semana. Tampoco lo es que Sánchez se centre en Ayuso y Feijóo, puntales ideológicos y políticos de la Oposición. Y del mismo modo que Pujol y su partido se lanzaron al golpe de Estado separatista para tapar la corrupción familiar, el PSOE y Sánchez tratan de ocultar un caso de corrupción que afecta de lleno al partido y al presidente del Gobierno. La sesión de control del miércoles retrató a un Sánchez totalmente descontrolado, facial y argumentalmente. La actuación de la Fiscalía, la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda contra Ayuso muestra la forma en que piensa aguantar en el Poder el tiempo que pueda: como Delcy Rodríguez y Maduro, saqueando fondos públicos y vulnerando los derechos civiles. Esto ya no tiene marcha atrás: o gana Sánchez y pone de rodillas a España, o gana España y acaba con Sánchez.
Alvarone calca los delitos de Garzón en el Caso Gurtel
Libertad Digital ha publicado abundante la información sobre la catarata de delitos perpetrados por la Agencia Tributaria y la Fiscalía de Madrid, por orden directa, según reveló El Mundo, del fiscal general del Estado, “Alvarone”, nombrado por Dolores Delgado, señora de Baltasar Garzón, el multimillonario abogado del Narco, más precisamente del Cartel de los Soles, que es como el FBI y la DEA llaman al régimen de Venezuela.
Garzón ha sido el auténtico ministro de Justicia y el verdadero fiscal general del Estado cuando ocupaba esos cargos “la que bebe de mi copa”, o sea, su señora, como es público y notorio. Pero nadie ha reparado en que el más escandaloso de los delitos de Alvarone, la vulneración de un derecho sagrado en democracia, el de la confidencialidad entre abogado y cliente, en este caso el abogado del novio de Ayuso con el fiscal, es exactamente el mismo delito que le costó la carrera por prevaricación a Baltasar Garzón: la intervención ilegal de las comunicaciones de los abogados del Caso Gurtel con sus clientes cuando estaban detenidos por la policía de Rubalcaba.
Si Garzón, que urdió su delito en la famosa cacería con el ministro de Justicia Bermejo de cazador furtivo, tuvo la complicidad del ministerio del Interior de Rubalcaba, que también había enviado a JAS, su comisario de confianza para los trabajos sucios, Alvarone ha contado con la complicidad de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda de Marijota Montero. La fiscal de Madrid que publicó la denuncia tiene un conflicto de intereses evidente, ya que fue nombrada por Dolores Delgado y fue directora general de justicia con Zapatero, por lo que no debería haber intervenido en un caso que, en el fondo se ha limitado a tratar de destruir a un enemigo político y a ocultar la inmensa trama de corrupción del PSOE, partido al que sirven o han servido todos los cargos públicos que aparecen en esta conspiración.
Porque conspiración es la que lleva a la ministra de Hacienda a revelar datos de la Agencia Tributaria que sólo podía haber obtenido delictivamente y cuya delación a los medios, fingiendo que sólo quería dar explicaciones sobre lo que aún no se había publicado la retrata como la mentirosa más patosa del Reino, amén de más que presunta delincuente. Y conspiración es la de Alvarone para asaltar la sagrada confidencialidad de la relación abogado cliente, a publicarla, y al presidente del Gobierno a convertirla en las Cortes en una petición de dimisión de la presidenta de Madrid, por la relación con una persona cuando aún no era su pareja y cuyo delito era y es una inspección fiscal, ni terminada ni sustanciada. Como los periodistas son cada vez más lerdos, desconocen que aceptar un delito ante Hacienda no significa haberlo cometido, sino el trámite legal necesario para llegar a un acuerdo de conformidad, pagar lo pactado y liquidar el asunto. O bien llevarlo a los tribunales, cosa que en la mitad de las veces termina en la derrota de Hacienda, como prueba el reciente caso de Xabi Alonso.
Cuando la captadora de fondos vive en la Moncloa
Es decir, que a Ayuso se le acusa de un delito que no se ha cometido por una persona que no tenía entonces ninguna relación con ella ni con su responsabilidad política. Y que se hace público para ocultar la relación de Sánchez con los negocios de su mujer, que lo era desde que se dedica, a los 15 días de llegar su marido al poder, como ha detallado El Confidencial, a “captar fondos”, sostenida por una compañía, Globalia, que financia sus chiringuitos, desde el Africa Center del Instituto de Empresa que pagaba el chiringuito sólo para Begoña llamado Wuakalúa, que paga Javier Hidalgo.
Este Hidalgo ya parece en San Petersburgo en 2019 junto a Begoña y Víctor de Aldama, el gran conseguidor de la trama de las mascarillas. Y el tinglado del caso Koldo lo dirige Cueto, cuya relación con Begoña es, al parecer, muy íntima con su señora y anterior al latrocinio en la pandemia. Como ha subrayado El Confidencial, poco tiene que ver la redención del África menesterosa con la Organización Mundial de Turismo, donde vemos al trío Bla-Bla-Blá, Aldama, Hidalgo y Aldama, metidos en harina.
Pero esta estrecha relación de la financiación de los negocios de la señora del presidente con Air Europa-Globalia-Averis, está conectada con el rescate de la compañía por el Gobierno del marido de Begoña, que ni siquiera se ausentó, de ahí la denuncia del PP en la Oficina de Conflicto de Intereses –cuando se firmó el rescate del tinglado. En total, mil millones de euros– los 670 de Air Europa, que es la pieza clave de Globalia, y 340 de Averis, o sea, Viajes Halcón, que está también participada por Globalia.
Bolaños y los medios sanchistas alegan que se trató de una de tantas empresas rescatadas durante la pandemia. Pero el fondo que habilitó el Gobierno era de 10.000 millones, de los que se entregaron menos de 4.000, y cuya parte del león se adjudicó a la empresa de Hidalgo, productor de los eventos de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez Pérez-Castejón.
Lo que no entiendo es cómo el juez Ismael Moreno no ha llamado a declarar todavía a Begoña, que no está aforada, para que aclare algo de lo que probablemente sabe mucho: cómo la trama de Globalia accedió a la trama de Ábalos para hacerse con el negocio de transporte de mascarillas y material sanitario, muy por encima de Iberia, que tenía más aviones. ¿Fueron Begoña y Sánchez las referencias de los Cueto y Aldama para acercarse a los Koldo y Ábalos y lograr ese trato privilegiado? Aquí, lo que está claro es que todo está conectado. Y que sólo una fiscalía corrupta y totalitaria al modo venezolano puede ser capaz de servir a los delincuentes inventando causas que perjudiquen a la Oposición.
Alvarone copia el delito de Garzón en el caso Gürtel
En el famosísimo caso Gürtell, el Colegio de Abogados de Madrid denunció el evidente delito de Garzón que producía la indefensión de los defendidos y vulneraba los derechos de los abogados, pero, como denunciaba ayer Tsvan Rabtan en El Mundo, su presidente no se atrevió entonces a querellarse contra Garzón. ¿Qué hará el presidente actual?
Este viernes se negó a firmar un pacto entre cloaqueros, nada de caballeros, para eludir la responsabilidad directa de Alvarone mediante un comunicado conjunto. Pero esto ya no es cuestión de comunicados, sino de autodefensa cívica y profesional. Si la Fiscalía puede asaltar los derechos de abogados y clientes, ahorremos en bufetes y vamos a pactar directamente con la mafia fiscal, o sea, gubernamental. Si esto es Venezuela, y en lo fiscal, sin duda, lo es, debemos actuar en consecuencia. Y si los abogados no son capaces de defenderse, nunca serán capaces de defendernos. Otro bastión del Estado de Derecho, el más sensible y cercano al ciudadano, habrá caído bajo la dictadura de Sánchez. Pronto lo veremos.
Una información de Libertad Digital: España