La tensión en el seno de la Fiscalía General del Estado ha estallado. Seis vocales de la Asociación de Fiscales han emitido un comunicado en el que informan que han elaborado un borrador que se posiciona contra la ley de amnistía. Se trata de una rebelión en toda regla, pues los fiscales acusan a Álvaro García Ortiz, mano derecha de Dolores Delgado, de “ocultarles” la petición de la mesa del Senado para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre este asunto.
El comunicado emitido por los vocales de la Asociación es implacable: “la ley de amnistía provoca la quiebra del principio de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho, vulnera el principio de igualdad ante la Ley, supone el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos e implica la desnaturalización de la ley como norma de carácter general”.
Se trata de una doble denuncia: la sumisión de Álvaro Ortiz al Gobierno y la gravedad jurídica de la ley de amnistía. Pero el Gobierno, como suele, ha rechazado esta gravísima acusación al calificar el comunicado de meras “opiniones”. Y recordando que será el TC el encargado de decidir si la ley es o no constitucional. Porque para el Gobierno las críticas a sus barrabasadas políticas se traducen en “bulos” del PP sobre el caso Koldo y los “contactos” de Begoña Gómez u “opiniones” de los fiscales sobre la sumisión al Gobierno de Álvaro Ortiz. Porque, como buen autócrata, Pedro Sánchez cree que nunca se equivoca.
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