El órgano de los jueces afirma que la norma vulnera la separación de poderes y su presidente la vincula al pacto PSOE-Junts.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves un duro informe en el que califica como “inconstitucional” la ley de amnistía, al tiempo que advierte que la futura norma atenta contra la igualdad y la separación de poderes.
Han votado a favor del texto, además del ponente, Wenceslao Olea, los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez Tristán.
La vocal Mar Cabrejas, ponente de la otra propuesta que se ha sometido hoy a debate, presentará esta como voto particular, al que se adhieren los vocales Roser Bach, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga y Pilar Sepúlveda.
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha votado en blanco, al igual que el vocal Enrique Lucas, que ha formulado otro voto particular.
Sin encaje en la Constitución
El texto concluye, entre otros aspectos, que la proposición de Ley analizada “no tiene encaje en la Constitución“, pues este tipo de medida de gracia quedó excluido de su articulado de forma consciente. Sostiene, además, que la exposición de motivos “no justifica la adecuación del texto legal a los principios y valores contenidos en la Carta Magna”. “Ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho”, sostiene.
El informe cuestiona además la tramitación parlamentaria elegida, que considera “arbitraria” pues no no justifica la urgencia. “Atendiendo a la excepcionalidad jurídica y a la trascendencia social de la norma, debía haberse optado -afirma- por la vía del proyecto de ley”.
Además, tras advertir sobre la vulneración del derecho a la igualdad y del principio de separación de poderes que supone la proposición de ley, el dictamen argumenta que ésta “tampoco supera el juicio de constitucionalidad de acuerdo con su naturaleza de ley singular”. A este respecto, señala que no supera el juicio de razonabilidad, proporcionalidad y adecuación a los fines que pretende conseguir.
Respecto del articulado, el informe advierte que el texto normativo adolece de una “amplia indeterminación que puede dar lugar a interpretaciones jurídicas diversas, en detrimento de la seguridad jurídica”. Asimismo, considera imperativa la exclusión del ámbito de la amnistía de todos los delitos de terrorismo conforme a las leyes nacionales y entiende contraria a la normativa vigente la no suspensión del procedimiento cuando se haya suscitado una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial.
Por último, el informe subraya que lo confuso del articulado de la proposición de ley en sus preceptos más relevantes hace muy difícil su interpretación por los tribunales, lo que genera inseguridad jurídica y favorece el riesgo de suscitar en el debate social y jurídico el reproche a los jueces de aplicar la ley en contra de unos pretendidos fines del legislador que, en cuanto no se han plasmado claramente en el texto, no pueden ser valorados.
Guilarte señala el pacto PSOE-Junts
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, ha justificado su voto en blanco explicando que participa de muchas de las reflexiones de ambos informes, pero que entiende que debería haberse profundizado en un hecho omitido en la exposición de motivos de la proposición de ley, como es el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts, en el que como mutuas contraprestaciones se ofrecía la Ley de Amnistía a cambio del apoyo a la investidura del presidente del Gobierno.
Guilarte ha señalado que esa es la causa real y onerosa de la proposición de Ley, sustituida en la exposición de motivos por la pretensión pacificadora de la sociedad catalana, y que con tal perspectiva debe analizarse la legalidad de la proposición. También ha recordado que en ese pacto, junto con la obligación de tramitar la amnistía, se contempla la creación de comisiones parlamentarias de investigación que eventualmente puedan responsabilizar a los jueces, lo que a todas luces es contrario a la independencia judicial y a la división de poderes.
Una información de Lo más leido de la semana // El Imparcial