Khalid Ananez, amazigh de Marruecos, entró en España el 23 de septiembre de 2022 con su familia de 8 personas y un gato. No fue hasta noviembre de ese mismo año cuando comenzaron a formar parte de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Sevilla. En el Centro de Acogida Beatriz de Suabia.
Los derivó el Ministerio, relata a El Pueblo el coordinador territorial de CEAR en Andalucía Occidental, José Carlos Budia. Eran solicitantes de protección internacional y cuando ingresaron en Beatriz de Suabia, en principio, “no hubo inconvenientes”. A mediados de febrero de 2023 se les deniega la solicitud de asilo y a partir de ahí “hay un cambio de actitud”.
Ananez hace responsable de esta negativa a CEAR y comienza un comportamiento de “violencia verbal y continuas faltas de respeto incluso con el equipo técnico”, explica Budia. El amazigh de Marruecos contactó con este medio en varias ocasiones para denunciar lo contrario: “La directora nos pone trabas e impedimentos para que nos vayamos. Ni siquiera nos proporcionan jabón, champú, material de limpieza de habitaciones o ropa, y a mis hijos menores se les priva de material escolar”.
Las personas beneficiarias del sistema de acogida, porque son solicitantes de protección oficial, tienen quince días para abandonar los dispositivos, porque cuando se les deniega el asilo ya no son beneficiarios de estos recursos. Cuando en febrero del 2023 se les deniega el asilo, “teniendo hijos menores y escolarizados solicitamos una prórroga al Ministerio. Se concede y llegamos a mediados de mayo y volvemos a hacer otra solicitud de prórroga, se concede otra de tres meses”, relata el coordinador territorial de CEAR en Andalucía Occidental.
A mediados de mayo se le comunica a la familia esa prórroga, pero se ponen en contacto con los técnicos y “dicen que se puede marchar porque tiene familiares en Murcia”. Ahí, reciben una ayuda de salida que se les proporciona a los beneficiarios de este sistema de acogida cuando acaban el proceso de estancia, 1.200 euros. Y se marchan. “Esto era el 16 de mayo de 2023, pues el 19 de mayo, tres días después, nos llaman de los servicios sociales de Lorca diciendo que esta familia dice que los han expulsado desde CEAR Sevilla”, cuenta Budia.
Lo mismo que contó en este periódico: ‘Los responsables del CEAR de Sevilla “discriminan” a una familia de origen magrebí’. Desde la entidad le explican que ya no son solicitantes y que no se les ha expulsado, “se fueron ellos. De hecho, cuando te echan no hay ayuda”.
Según el coordinador, el 20 de mayo se presentan en Sevilla en las puertas del centro. Haciendo gestiones “absolutamente excepcionales y como se les había concedido esa prórroga, hablamos con el Ministerio y volvieron a ingresar”. Pero seguían las faltas de respeto a compañeras del centro.
“En verano de 2023 tuvimos la crisis de llegadas masivas a Canarias de perfiles subsaharianos. Empieza a entrar mucho perfil subsahariano en el centro y este señor tiene comportamientos xenófobos y racistas”, narra Budia. Lo “más bonito era caníbales”.
Durante todo este tiempo empiezan a llamar a CEAR Sevilla otras entidades de la ciudad porque esta familia iba declarando en contra de ellos. Estas se ponen en contacto y cuando le explican la situación “renuncian a hacerse cargo de ellos. Incluso le gestionamos unos centros específicos para familias. Uno en Barcelona y otro en la Línea de la Concepción, pero este hombre niega en rotundo”.
Asimismo, “ya nos había denunciado ante la policía porque decía que nos negábamos a darles champú y la comida estaba en mal estado… pero no llega a nada. Presenta otra de abuso sexuales contra un usuario del centro y con las entrevistas y comprobaciones la policía afirma que no hay nada”.
En noviembre del 2023 el Ministerio dice que ya no se facilitan más prórrogas porque hay lista de espera y personas sin recursos en la calle. Esta familia ya había agotado los recursos. “El 24 de noviembre, nosotros, aun así, siempre velando por el interés de los menores, solicitamos una nueva prórroga. Hay una resolución de 28 de noviembre en el que nos dicen que no”, rememora Budia.
“Se lo ponemos en conocimiento, y nos dicen que no se van a marchar. Eso desde noviembre de 2023”. El coordinador se incorpora en febrero tras una baja y el 26 de febrero lo llaman desde el centro y le dicen que Ananez solicita marcharse a Jaén, “explica que tiene recursos familiares pero que necesita 800 euros”. El Ministerio dice que no porque ya se le dio una primera ayuda de 1.200 euros y, José Carlos Budia como coordinador territorial de CEAR Sevilla, toma la decisión de dárselos a pérdidas de la entidad.
CEAR opera a nivel de España desde el 1979, en Sevilla desde el 1992 y este centro de Beatriz de Suabia desde 2017 y “jamás nos hemos encontrado con un caso así. Somos una entidad con cierto reconocimiento en lo que se refiere a la atención y acogida de personas solicitantes de asilo y refugiados, ¿le vamos a quitar el papel higiénico? ¿quitarle el champú?”, cuestiona Budia.
Además, todo el procedimiento de esta familia está recogido en la base de datos SIRIA del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Asimismo, Ananez denunciaba a El Pueblo que tampoco lo dejaban salir a trabajar. Ante esto, Budia relata que “las personas que solicitan protección internacional, hasta los primeros seis meses, como se benefician de una ayuda; no se les da posibilidad de trabajar. A partir de ahí sí pueden trabajar. Y si te deniegan el asilo no puedes trabajar. Lo que tiene que hacer es salir del país.”.
En CEAR Sevilla tienen en el centro de acogida a ciudadanos trabajando, “nos facilitan la copia del contrato con el horario y las personas acreditadas pueden salir con absoluta libertad”, explica.Así, esta familia se fue de CEAR a Jaén, supuestamente, con los 800 euros de la entidad. Y a los dos o tres días volvieron a Sevilla. Tras hablar con varias entidades y no conseguir nada, la última noticia que tienen es que se marcharon al norte. Esto cuadra con la información proporcionada por Khalid Ananez a El Pueblo, sobre su estancia en Irún.
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Una información de El Pueblo de Ceuta
