Diario Patria
DESAFÍO INDEPENDENTISTA

Amnistía, sí, y un tío cada día


Con esta frase respondió una mujer encargada de un servicio culinario de empresa catalana a pregunta de un colega sobre la amnistía. Contuvo un momento la respuesta, pero la soltó al inclinarse sobre la encimera del bar limpiando posos y residuos de bandejas. Mientras trajinaba con vasos y platillos, añadió: “A mí no me amnistía ni indulta nadie si lo necesito”.

La señora es también catalana y su ocurrencia trasciende lo anecdótico. Refleja el sentimiento popular de tercería y latrocinio refinado en que nos movemos con el tema del proceso catalán. Hace doce años, publicábamos en El Imparcial (24-2-12) un artículo que alertaba sobre las declaraciones del presidente Artur Mas al diario parisino Le Monde el día 17 del mismo mes y año. Dejaba claro en ellas que la política autonómica había concluido. Su proclamación parisina anunciaba una nueva etapa. El centro político de Europa ya no serían solo los Estados oficiales de la Unión ni sus capitales representativas, sino Bruselas y bastantes más ciudades como Toulouse (Tolosa) y Barcelona.

Suponía quien esto suscribe que los políticos de entonces tendrían sobre las mesas de sus despachos este texto y que lo guardarían para sopesarlo con cautela. Confesamos nuestra decepción. El presidente autonómico sabía que lo declarado era y es imposible. Pero la política ambiciosa promulga ideales y los concreta en hechos, simulaciones de realidad inventada mediante relatos insistentes. Los repiten una y otra vez creando espejismos comunitarios que, con técnicas sutiles de logística mediática, resultan vigencias sociales. Y el ideal propuesto cifra en el nombre de Barcelona lo que realmente es el objetivo europeo: una estructura de ciudades emblemáticas en concierto de intereses y actuaciones federadas. En tal sentido, Cataluña toma la iniciativa de capitalizarse a la par de Madrid, Lisboa, París, Berlín, Roma, Ámsterdam, Estocolmo, Varsovia, Budapest, Bucarest, Londres, aunque Inglaterra no figure ya como parte oficial de Europa. La unión política ladea por este costado respecto de la integración continental. Al citar Artur Mas Tolosa con Barcelona, menta una de las regiones más prósperas de Europa. Lo mismo podría decir el presidente vasco respecto de la Aquitania francesa, con San Sebastián y Burdeos, ciudades señeras de la costa cántabra. El norte de España mira al sur europeo.

Tal es la razón de las políticas secesionistas y de su apoyo en las lenguas autóctonas frente a la nacional del Estado español, el castellano, del que no pueden prescindir, no obstante, por razones obvias. Y echan mano de sus raíces históricas, entre reales y filtradas con relatos y retórica virtual. El verdadero trasfondo creador y riqueza humana de estas lenguas trasciende la voluntad política que, en muchos casos, resuena más con megáfono que con voz auténtica. En el caso catalán, reconocía el expresidente que Cataluña forma parte del Estado español desde hace quinientos años, pero forzada a ello -he aquí la fábula y espejismo- durante los últimos trescientos. Y tanto lenguas como territorios aludidos son realidades españolas. Es cierto, sin embargo, que España no acierta a consolidar política y culturalmente su riqueza bilingüe. El sentimiento lingüístico era más unánime cuando se estudiaba latín y el clasicismo humanista.

Cataluña ha conseguido en esta década internacionalizar su propósito y los políticos secesionistas lo esgrimen alzándolo sobre la desidia que el resto de España les permite con prebendas estatuarias y sabiendo que se quiebra la simetría territorial. Notan aquellos incluso que el proceso favorece el ideal fijado y las condiciones que permiten expandirlo. La entelequia se convierte en vanguardia experimental cuyas actuaciones atraen, por otra parte, a diversos grupos macroeconómicos. Explicamos así el interés de Rusia por la situación catalana. Se une al coro de los magnates (“tíos”) que día a día tercian prebendas, convertidos en alcahuetes de las intrigas.

Todo esto acontece con la anuencia explícita o implícita de políticos y empresarios que pastorean nuestro redil como una colonia y protectorado modernos. Baste un dato. Uno de los principales grupos editoriales de España, el más representativo en educación nacional y suramericana, está ya en manos francesas. Es parte del tributo que pagamos por la ayuda recibida y el alquiler de nuestro país embargado. Coincide ello a modo de paradoja con el declive de la instrucción pública en escuelas, institutos, universidades y medios comunicativos. ¿Quién lee, entonces, estudia, observa a fondo? El destino de la cultura impresa y teledirigida nos trasciende. España no rige ya su legado histórico y gran parte del producto natural. Ofrece en almoneda la proyección de su riqueza cultural, presente y futura. Podríamos decir lo mismo de otros sectores sensibles, como el hidrográfico, eléctrico, ecológico, agrícola, sanitario, etc.

Las transacciones son algo propio de las políticas comunitarias. También los trasvases de intereses. De acuerdo, pero ningún país que se precie entrega el patrimonio vital e histórico a cambio de fondos, mordidas económicas y negligencia. Las ayudas económicas desequilibran los recursos autóctonos si no refuerzan planificaciones bien determinadas. Sustituyen la riqueza natural, como la agrícola, con productos importados a cambio de aquel rédito fácilmente fungible e inversiones especulativas. Y por exigencia directa o indirecta de la deuda pública, que sobrepasa el billón y medio de euros. Somos uno de los países más endeudados del mundo con una dependencia económica de capitales extranjeros cifrada en un ochenta por ciento. ¿De qué presumen nuestros gobiernos, nacionales y autonómicos, bajo el peso de esta carga sobre los hombros? Cuando acuden a Bruselas, llevan el óvulo bajo el brazo. Luego alardean en las pantallas televisivas de líderes insólitos siendo realmente figuras de guiñol en barraca de feria.

La remoción política catalana refleja, como el oportunismo vasco, la ambición suscitada por los fondos europeos y la incertidumbre ante la Agenda 2030. Tanto Artur Mas como los presidentes sucesivos saben, y así los actores de la amnistía, que Cataluña no reúne las condiciones de un Estado independiente. No dispone de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos (lo repite Artur Mas alguna vez) ni tiene entidad histórica ajena a la realidad de España. Ahora bien, si quienes, sabiéndolo, juegan a la ruleta rusa amnistiando a quienes han atentado contra la Constitución del país que los fomenta e insisten en que seguirán haciéndolo, contribuyen a esto mismo. Banalizan la realidad española y, con ella, la europea. No sirve el argumento esgrimido de reconciliación pacífica, deseable, por otra parte. Se alude con él a un acto de buena voluntad, pero sugiere en sordina que existe un trasfondo de conflicto civil. No hay paz donde se siembra litigio.

Lo que aquí prima ahora mismo es el dinero de los fondos europeos. El País Vasco y Cataluña se distribuían más del setenta por ciento del producto nacional a partir de la Guerra Civil, donde colapsa trágicamente la República, hasta la Transición iniciada en 1978. Tal asimetría provocó una emigración masiva del resto de España hacia esas zonas, países continentales y americanos. Que lo cuenten gallegos, asturianos, castellano-leoneses y manchegos, zamoranos, extremeños, andaluces, valencianos, etc. Las autonomías vasca y catalana quieren la misma ventaja de reparto y su rédito traducido en poder político. Ahondan aún más la orteguiana invertebración de España. Lo hacen pensando también, como decimos, en la Agenda 2030, año crucial para el significado unionista de Europa. Buscan posiciones de privilegio ante la transformación social generada por las nuevas tecnologías, especialmente el reto de la Inteligencia Artificial. La década iniciada tiende a un consorcio de robots sofisticados y teledirigidos por las grandes potencias políticas, económicas y mediáticas. El poder será más poderoso que nunca y el entrelazamiento atómico de las poblaciones funcionará como células de un tejido programado. Tal vez conozcamos una autocracia o dictadura disimulada, ni esto quizás, pero complaciente, pues habremos perdido la capacidad crítica bajo presión de códigos e iconos cifrados. Llevaremos un chip virtual implantado en el cerebro. Un comunismo robótico sin comunismo aparente. El mundo feliz que algunos auguran situándose con su imaginario en la cápsula de mandos.

Barcelona no pondera realmente la historia que recaba. Europa rechaza el nacionalismo secesionista y juzga criminales tanto el nazismo como el comunismo, ideologías que la asolaron en el siglo XX y aún la amenazan con tendencias dictatoriales. La Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre de 2019 condena por igual a estos regímenes totalitarios. Atentar contra la unidad del Estado español y sus símbolos, contraviene asimismo el fundamento político de la Unión europea. No existe Derecho internacional que avale tal argucia.

Esto mismo explica en España el mantenimiento del poder a toda costa. El Gobierno manipula el soporte democrático de la Constitución barajando sus entresijos y ante la impotencia de la oposición política. Actúa sobre el filo de la navaja jurídica y de la prevaricación institucional. El presidente flamea, no obstante, con éxitos y triunfos -hay que reconocerlo- aun cuando las elecciones no le favorecen. Mantiene la economía en un simulado nivel atractivo entre cruces de intereses foráneos a cuenta de la galopante deuda antes mencionada. Algo propio de una democracia aún débil, ingenua, pero arrogante. Mientras el acoso radical no alcanzó el nivel de los jueces, banalizados otros estamentos como el docente, administrativo, intelectual, periodístico, ridiculizadas muchas instituciones, o reprobada la jefatura monárquica del Estado, no hubo alerta de lo que está sucediendo en España. Para el materialismo histórico son epifenómenos dialécticos del dinamismo social. Por eso el Gobierno promueve a juristas fieles y trepadores a los cargos más importantes del poder judicativo. El flotamiento semántico de la Carta Magna española auspicia este descrédito de valores filtrado con praxis parlamentaria de fidelidad absoluta a los partidos y sus consignas. La izquierda radicalizada sabe que la ocasión de instaurar un régimen leninista es única y tal vez irrepetible. Su empeño desdeña igualmente la citada Resolución del Parlamento Europeo. Corrobora además nuestro déficit democrático, del que son también responsables los oponentes políticos y otras instituciones civiles. Los afiliados a partidos, sindicatos, la mayoría de votantes, se sienten opados desde la Transición, pero carecen de nervio creativo. La endogamia, padrinazgo y clientelismo alcanzan cotas antes insospechadas. Los movimientos radicales justifican con ello sus tesis y, sin renunciar tampoco a estas prácticas, promueven estrategias de halo comunista contra esta burguesía indolente, confabulados con regímenes dictatoriales. A su vez, las comunidades nostálgicas de antiguas prebendas buscan consolidarse huyendo de esta otra amenaza. Pero el virus se ha instalado con tenaz dialéctica histórica en alguna de ellas, como la euskera. Avizor, el Gobierno aprovecha tanto la inquietud revolucionaria como la holgura complacida, según los bandos, con instinto sagaz y osado de provocación calculada. El Parlamento español es actualmente una jaula de cacareos y lonja de pescado podrido.

En el intervalo, perdemos de vista el horizonte histórico que la entrada en la Unión Europea supuso para nuestro país. De ella se esperaba el renuevo generacional que nos situaría entre los países occidentales más dinámicos y representativos de Europa.

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